Una nueva Directiva prevé que los consumidores puedan exigir indemnización a la empresa ciberatacada

Un nuevo Riesgo para las empresas

A principios del año 2018, la Comisión Europea presentó, dentro del denominado “nuevo marco para los consumidores”, una propuesta de Directiva para la modernización y mejor protección de sus derechos, a través de normas más justas y transparentes. Tal Directiva, adoptada el 27 de noviembre de 2019, se publicó en el DOUE de 18 de diciembre (L 328/7).

El 30 de junio de 2020, los representantes permanentes de los estados miembros aprobaron el proyecto de Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores (esto es, demandas colectivas), gracias a la cual se ampliarán las posibilidades de defensa colectiva de sus derechos. En particular, estas nuevas normas permitirán a los consumidores acceder colectivamente a una tutela judicial efectiva cuando las infracciones de la legislación comunitaria por parte de los comerciantes les priven de sus derechos, ofreciéndoles acciones tanto de cesación como de reparación, incluida la de indemnización (art. 5.b).

Con relación a esto último, la Directiva faculta a una serie de entidades (que pueden ser nacionales o transfronterizas) a la interposición de dichas acciones en nombre de un grupo de consumidores que se haya visto perjudicado por un comerciante, cuando éste haya infringido supuestamente la normativa de la Unión Europea en alguno de los aspectos previstos en el Anexo I de la propia Directiva, entre los cuales se encuentra la protección de datos (RGPD y Directiva de privacidad, entre otras).

Uno de los aspectos que el regulador europeo tiene en cuenta, es el del riesgo de que se inicien procedimientos infundados contra una empresa. En este sentido, la Directiva establece normas claras sobre la imposición de costas en las acciones de representación para obtener reparación, basadas en el principio de «quien pierde, paga». Además, a fin de evitar conflictos de intereses, impone a las entidades habilitadas una serie de requisitos de transparencia, en particular por lo que respecta a su financiación por terceros.

Respecto al procedimiento de tramitación, el Consejo adoptará su posición en primera lectura. A continuación, el Parlamento Europeo aprobará la posición del Consejo en primera lectura y la Directiva se considerará adoptada.

Llegados a ese punto, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor de la Directiva para incorporarla al Derecho nacional, así como de seis meses adicionales para empezar a aplicar estas disposiciones.

Texto completo de la propuesta de Directiva: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9223-2020-INIT/en/pdf

 

Francisco Pérez Bes, Socio Derecho Digital Ecix Group

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