La lucha contra la corrupción en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

La lucha contra la corrupción en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El 26 de octubre de 2017 se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Contratos del Sector Público.

La norma presenta numerosas modificaciones relativas a distintos aspectos procedimentales, contractuales, de innovación, regímenes o solvencia. Sin embargo, una de las novedades más llamativas es la introducción de medidas de lucha contra la corrupción y conflictos de interés que se encuentran presentes en numerosos apartados de la nueva ley.

El cambio de paradigma que significa compliance, respecto a la limpieza en los negocios y la lucha contra la corrupción, hacía necesaria la modificación del anterior régimen de contratación.

El artículo primero introduce un aspecto fundamental para la consecución del objetivo pretendido: el principio de integridad. Esta cualidad en la gestión pública ha sido ensalzada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como una de las principales llaves para la prevención de la corrupción. De esta forma, la transparencia y rendición de cuentas se erigen como aspectos fundamentales de la promoción de este principio y deben estar presentes durante el desarrollo de todo el ciclo de la contratación.

En el desarrollo de este nuevo cuerpo normativo se introduce un precepto exclusivamente destinado a la lucha contra la corrupción y los conflictos de interés. Así, la ley en su artículo 64 señala que:

“1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.”

Este punto resulta muy interesante dado que obliga a los órganos públicos a tomar medidas concretas y adecuadas orientadas a la valoración y gestión temprana de riesgos, para evitar cualquier caso de fraude, favoritismo o corrupción. Además, insta a las personas tanto del órgano de contratación como de las empresas que opten a la licitación, a comunicar al primero cualquier posible conflicto de interés que se aprecie durante el proceso de contratación.

Por otro lado, esta exigencia de transparencia y cumplimiento normativo no sólo se exige al órgano de contratación, sino que se presenta como una condictio sine qua non para las empresas licitadoras. De esta forma el artículo 71 (antiguo artículo 60) prohíbe contratar a las personas con las siguientes circunstancias:

“a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

  1. b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. “

A lo largo del articulado de la Ley volvemos a encontrarnos con distintas referencias en la lucha contra la corrupción. El artículo 226 relativo a la adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, señala que, se considerarán irregulares o inaceptables las ofertas que muestren indicios de corrupción o colusión.

Finalmente, para la consecución efectiva de estos objetivos marcados se han creado dos instrumentos:

  • La Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de Contratación, cuya función principal es velar por la correcta aplicación de la legislación. Elaborará un informe de supervisión respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, que remitirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, incluyendo entre otras cuestiones, aquella información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados.
  • Una herramienta jurídica vinculante basada en el análisis de actuaciones de contratación realizadas por todo el sector público incluyendo todos los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras comprendidas en el sector público estatal, autonómico o local, así como las de otros entes, organismos y entidades pertenecientes a los mismos que no tengan la naturaleza de poderes adjudicadores, denominado Estrategia Nacional de Contratación Pública. Dicha Estrategia Nacional se diseñará para establecer medidas que permitan cumplir una serie de objetivos, entre los que destaca, combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.

 

Cecilio García Escobar

Consultor y auditor

Governance, Risk & Compliance

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