Estimada una sentencia en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra Telepizza, por el proyecto Tracker.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia estimando las demandas presentadas por UGT y CCOO contra Telepizza, por el Proyecto Tracker. El mencionado proyecto implicaba la obligación del trabajador de aportar su terminal móvil (necesariamente un smartphone), para permitir al cliente el seguimiento a tiempo real de los pedidos realizados.

La Sala ha determinado que, por una parte, dadas las características del Proyecto Tracker, no se cumplía con el principio de proporcionalidad, exigido por la normativa de protección de datos. Ante esto, los magistrados consideraron que, para que la geolocalización de los trabajadores hubiese cumplido con el principio de proporcionalidad, se podría haber llevado a cabo a través de «medidas que suponen una menor injerencia en los derechos fundamentales de los empleados«. A modo de ejemplo, podría haberse llevado a cabo a través de la implantación de un sistema de movimiento en las motocicletas, en vez de en los terminales móviles. Por otra parte, el tribunal advirtió como Telepizza no cumplió correctamente con el deber de información exigido por la normativa.

Ante este análisis el tribunal condenó a Telepizza declarando, en primer lugar, la nulidad del denominado “Proyecto Tracker”, dado que suponía una obligación para el trabajador de aportar un teléfono móvil de su propiedad y la consiguiente geolocalización del mismo. En segundo lugar, declaró la nulidad de las cláusulas introducidas en los contratos/tipo o novaciones, en las que se preveía la aportación del teléfono móvil en beneficio de la empresa, incumpliendo don el deber de información y la preceptiva consulta previa regulada en el art. 64.5 del ET. Por último, declaró la nulidad de las medidas disciplinarias previstas en el Proyecto Tracker.

Tal y como se hace mención en la sentencia, las características del Proyecto Tracker implican un incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En particular en el artículo 90.2 de la citada ley se exige que, de forma previa al tratamiento, se haya cumplido con el deber de información (incluyéndose la información relativa a la posibilidad de los trabajadores de ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión), exigencia que no se cumplía en el Proyecto Tracker.

Por ello, el Proyecto no solo incumplía con el principio de proporcionalidad, sino que incumplía las exigencias del deber de información y, en particular, las recogidas en el artículo 90.2 de la Ley 3/1018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.