Compliance y transparencia en el informe de estados no financieros

Compliance y transparencia en el informe de estados no financieros

Análisis de las modificaciones en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas operadas por el Real Decreto-ley 18/2017

1.   Introducción

En el afán que durante los últimos persigue la Unión Europea por conseguir un mercado más transparente y cumplidor, en el que las empresas aumenten el nivel de información que emiten al mercado en materias como la justicia social, el respeto del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y el soborno, la sostenibilidad, la gestión de riesgos o el respeto por los derechos humanos y de los trabajadores, se promulgó la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera por parte de determinadas empresas que tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y los consumidores mediante la divulgación de dicha información no financiera.

El mercado y la sociedad reclaman empresas y corporaciones más justas, honradas y cumplidoras, por lo que no llaman la atención algunas previsiones de la Directiva sobre la información que la empresa debe ofrecer en materia anticorrupción, como, por ejemplo los procedimientos de diligencia debida (proceso definido como conjunto de actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así como para su verificación y control, incluyendo la adopción de medidas) aplicados por la empresa en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. Dentro de la necesaria autorregulación predicada desde “Compliance” el mercado debe expulsar al incumplidor.

Con esta premisa en mente, la legislación española ha trasladado las indicaciones de la Directiva a su ordenamiento jurídico a través del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

2.   ¿Qué es y qué implica?

La Directiva 2014/95/UE introduce una nueva obligación a algunas empresas de presentar estados de información no financiera con información relativa “al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno”.

“En el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones […] anteriores, el estado de información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto”, en aplicación del principio “Cumple o explica”.

3.   ¿Porqué?

La Unión Europea promulga la presente Directiva con la intención de mejorar la transparencia de las grandes empresas, facilitando así el conocimiento de la misma y otorgando a los inversores, consumidores y a la sociedad en general un mayor nivel de acercamiento y confianza sobre las empresas, sus políticas y la postura que adoptan respecto a los citados aspectos que exige la Directiva.

Los inversores y consumidores podrán medir así el nivel de compromiso y responsabilidad social de las empresas en temas nucleares como la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto de los derechos humanos o el respeto por el medio ambiente, entre otros.

4.   ¿Cómo?

Tal y como indica el nuevo apartado 7 del artículo 49 del Código de Comercio, “se entenderá que una sociedad cumple con la obligación de elaborar el estado de información no financiera consolidado regulado en el apartado anterior si emite un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se indique de manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, se incluya la información que se exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión.”

El informe debe reflejar aquellos riesgos con una mayor probabilidad de riesgo y que impliquen un mayor impacto para la compañía, así como los riesgos que ya se han materializado, lo que implica que la empresa dispone de un mapa de riesgos y de una metodología propia de evaluación de riesgos (requisitos, vale la pena citar, de la UNE 19601 de sistemas de gestión de compliance penal).

En cuanto a los riesgos concretos, en materia medioambiental, deberán señalarse aspectos como las emisiones de la compañía, el uso de energías renovables o la incidencia de las actividades de la compañía en el medio ambiente. En materia de derechos humanos, se incluirá el compromiso de la compañía por el respeto de los mismos y las medidas llevadas a cabo para su protección. Por último, en materia de corrupción y soborno se señalarán las políticas o controles existentes en la compañía para luchar contra su existencia.

En todo caso, se incluirá en la información no financiera los procedimientos de diligencia debida y de evaluación de riesgos que haya adoptado la compañía para luchar contra los riesgos que la misma tenga identificados.

5.   ¿Para quién? Ámbito de aplicación

La nueva redacción del apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio señala el ámbito de la modificación, expresando que las nuevas obligaciones serán de aplicación a “las sociedades que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público y que, además, formulen cuentas consolidadas, deberán incluir en el informe de gestión consolidado el estado de información no financiera consolidado previsto en este apartado siempre que concurran los siguientes requisitos:

  1. Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.
  2. Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
  3. Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros.
  4. Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros.
  5. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.”

Las pequeñas y medianas empresas que no lleguen a cumplir los requisitos exigidos no deberán presentar este novedoso informe de estado no financiero, si bien estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas adoptadas, en su caso, en materia de género.

6.   Revisión y Auditoría

En cuanto a la auditoría de cuentas y de los estados de información no financiera, el nuevo artículo 35 de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas advierte que “el auditor deberá comprobar únicamente que el citado estado de información no financiera se encuentre incluido en el informe de gestión o, en su caso, se haya incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado en la forma prevista”

Para organizaciones que hayan obtenido el certificado EMAS, se considerará válido y suficiente, para cumplir con el apartado del informe dedicado a los aspectos e informaciones relacionadas con el medio ambiente.

 

Raúl Escuredo Rodríguez

Risk, Governance & Compliance en ECIX Group

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