¿Cómo se estructura la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

¿Cómo se estructura la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

En el BOE del 14 de abril se publicó el Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

La exposición de motivos justifica la reforma en atención a la necesidad de una regulación más detallada de las entidades de gestión tanto por razón de la importante función que asumen cuanto, aunque no se explicite, por recientes experiencias negativas de la actividad de alguna de ellas.

El libro III, título IV de la ley dedicará a partir de su inmediata entrada en vigor, al día siguiente de la publicación, siete capítulos dedicados en primer lugar a recoger los requisitos para la gestión colectiva. Entre estas disposiciones se introduce una legitimación causídica exlege de las entidades autorizadas frente a la cual el eventual demandado únicamente podrá oponer la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago correspondiente (art. 150). En este primer capítulo se recogen también los requisitos de las entidades de gestión no españolas pero que presten servicios en España, así como los propios de las entidades dependientes de una entidad de gestión y los exigibles a los operadores de gestión independientes.

En el capítulo II dedicado a los titulares de derechos destaca la regulación del Contrato de gestión (art. 157)

El capítulo III está dedicado al aspecto orgánico de las entidades de gestión en donde destaca la introducción de un órgano de la entidad que asumirá estatutariamente la función de control interno de la gestión encomendada a los órganos de gobierno y representación de la entidad. (art. 162)

El capítulo IV trata de las Autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gestión. En esta sede se incorpora por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico las licencias multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales (art. 170)

El capítulo V se ocupa de la Gestión de los derechos recaudados cuya principal novedad es establecer un plazo máximo de nueve meses para el pago a los titulares de los derechos recaudados el año precedente. La acción para reclamar prescribirá a los cinco años (art. 177.4 y 5)

El capítulo VI se dedica a las obligaciones de información, transparencia y contabilidad y finalmente el VII al Régimen sancionador señalando que el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por las leyes 39 y 40/2015 (LPAC y LRJSP) determinando que la instrucción del expediente se atribuye al Director General de Propiedad Intelectual y la imposición de las sanciones, en su caso, al Ministro si la infracción fuera muy grave y al Secretario de Estado si la infracción fuera grave o leve (art. 190.3)

De conformidad con las previsiones de la Directiva 2017/1564 se armonizan ciertos usos de obras sin necesidad de autorización del titular de los derechos en favor de determinadas personas con discapacidad visual o de percepción y que tiene su origen en el Tratado de Marrakech de 27 de junio de 2013 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Igualmente se modifica el plazo previsto en el artículo 20.4 en materia de reclamación de derechos por retransmisión por cable y finalmente se justifica la vía jurídica de urgencia del real decreto ley ante una próxima sanción europea por el retraso en la transposición dela Directiva 2014/26/UE, la finalización de los contratos de 34 bailarines de la Compañía Nacional de Danza y la clarificación de las prórrogas de las licencias de exportación de bienes muebles mediante la modificación del art.32.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

En conclusión, el grueso de la reforma se centra en procurar una regulación detallada de las entidades de gestión en orden a una mayor transparencia, control y orden en el desempeño de sus actividades. Desde la experiencia práctica, cabe señalar que era uno de los ámbitos de la ley de propiedad intelectual necesitados de atención.

 

Javier Cimadevilla.

Abogado Ecix Group

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